En una situación social sin precedentes, los Estados nacionales tendieron a desplegar una serie de medidas sumamente disímiles en extensión e intensidad, pero que en rasgos generales tienden a llevar un control más estricto del desplazamiento de la población.
El estado argentino, impuso un aislamiento “social, preventivo y obligatorio” y tomó medidas para garantizar que la gente se quede en sus casas, las que incluyeron desde más policía en la calles, parando a transeúntes, conductores y pasajeros –en general que acuden a sus lugares de trabajo–, hasta ciber-patrullaje para medir el “ánimo social”. Esta política se acompañó mediáticamente, promoviendo la denuncia por lxs vecinxs de quienes no cumplen con el aislamiento.
En su primer discurso anunciando la “cuarentena”, el Presidente argumentó que era una necesidad por la cantidad de gente que una semana antes había salido en masa hacia la costa. Y se refirió a la pandemia en términos de "guerra contra un enemigo invisible", que se encuentra potencialmente en cualquier lugar y puede atacar cuando sea –lo que remite a otros “enemigos” tan actuales como el “terrorismo”–.
Desde un comienzo quedó claro que incumplir la medida tendría consecuencias penales y los infractores serían detenidos. A principios de abril eran más de un millón y medio las personas detenidas y demoradas en todo el país (Perfil, 7/4/20).
La pátina de la solidaridad
El lema “cuidate, cuidanos” hace referencia a pensar en el otrx, a entender que lo que hagamos puede tener consecuencias en el resto de la sociedad, en una palabra: a la SOLIDARIDAD. Sin embargo, va a contracorriente del sistema en que vivimos, que se rige por las ganancias para unos pocos a costa de las miserias de muchos, que fomenta la atomización de las relaciones sociales y el individualismo. Por eso no se puede querer pasar de la noche a la mañana a una conducta social opuesta, a “sobreponer el interés colectivo al individual”. Para que la cosa funcione, a quienes tienen el poder les resulta indispensable imponer una regla desde la autoridad estatal y respaldarla con la fuerza bruta: sin la pata represiva, sin el rol de la policía, esta sociedad difícilmente cumpliría con el aislamiento a rajatabla como lo está haciendo, o no tan rápidamente como lo hizo (a 50 días, el acatamiento a nivel nacional se sostenía en más del 90%).
La resolución horizontal en que la propia sociedad pueda darse reglas para lidiar con esta emergencia, que no impliquen una dimensión represiva, no es siquiera sugerida. Una práctica solidaria colectiva real sólo podría ser posible en una sociedad distinta, dónde la prioridad la constituya el bienestar de las personas y no el lucro de unos pocos.
El falso “cuidado” policial
En este marco, aprovechan para profundizar en lo que siempre han hecho: querer convencernos de que la policía es “necesaria” porque está para “cuidarnos”. Quieren convencernos de que vigilar, controlar y dar órdenes son formas de cuidado. Pero cuidar no implica acallar a otrx o negarle sus derechos, someterlo o ningunearlo. Cuidar es reconocer al otrx como semejante, en el marco de un vínculo caracterizado por el buen trato, el miramiento y la empatía. Pretender que las agencias represivas van a desplegar semejante tipo de vinculación cuando su accionar implica violencia e imposición, con prácticas sistemáticas que van desde el hostigamiento hasta la tortura y el asesinato, es una falacia.
No obstante, el nivel de legitimación de las fuerzas de seguridad hoy ha llegado a niveles impensados. Lo que antes se daba fundamentalmente en villas y barrios aledaños, y por “portación de rostro”, se extendió a toda la sociedad. En estas semanas las policías desplegaron operativos que controlan el desplazamiento físico masivo de la población como no se veían hace décadas. Lograron que se acepte la idea de que está muy bien que te detengan, te pidan el documento dentro del colectivo o circulando por la calle, dado que esas intervenciones se presentan e interpretan como un Estado “presente” cuidando a la población en su conjunto de quienes no cumplen con la cuarentena y de las consecuencias que eso podría traer. Es un gran logro de la burguesía que intentará capitalizar, sobre todo, después de la pandemia.
Mientras, como era de esperar, en los sectores donde ya existía la represión y el control, se profundizan y se hace más patente la triplicación de la presencia policial en las calles. Para lxs hostigados de siempre, lxs perseguidos, lxs que habitan villas y barrios populares, el “cuidado” de la policía se traduce hoy en más violencia que de costumbre.
La ventana indiscreta
El rebote social se expresa en las denuncias de vecinxs que también cumplen un rol de vigilancia tácito, denunciando a quienes consideran que no acatan con disposiciones del Gobierno, “colaborando” con el Estado en su rol de controlador. Las denuncias de la sociedad civil, la existencia de la delación, siempre son un componente importante en el despliegue de políticas masivas de inteligencia, acciones que encuentran un campo fértil en el individualismo imperante antes aludido.
La línea de atención telefónica que el Estado puso para este fin recibe cientos de llamados por día. En el mismo canal de denuncia se mezclan tanto la “violencia institucional” como supuestas violaciones del aislamiento por particulares, confundiendo y equiparando hechos de una gravedad, y con un origen, muy diferente.
Mientras tanto, en el INADI las denuncias por discriminación también van en aumento: según datos de principios de abril, el promedio diario se había incrementado en un 40%. Más de la mitad (53,5%) estuvieron vinculadas a una lógica de “chivo expiatorio” en relación a la pandemia, hacia personas y grupos percibidos como más “peligrosos” respecto a la posibilidad de transmisión del virus. El 11% de los casos refirieron a situaciones de xenofobia por la nacionalidad y las de racismo hacia personas de origen asiático aumentaron un 45%. La discriminación también se orientó hacia quienes trabajan en el sector salud u otras actividades esenciales, y personas que contrajeron la enfermedad o sospecharon de padecerla, que sufren hostigamiento y amenazas para que se retiren de sus viviendas en edificios, por el supuesto mayor riesgo de transmisión. También registraron que el aislamiento obligatorio llevó a un aumento del 7% en malos tratos y discriminación hacia personas con discapacidad, impidiéndoles ingresar a supermercados o prestándoles una atención deficiente en las obras sociales.
Sin dudas, detrás de la propaganda que busca instalar el modelo “asiático” de alto control sobre el desplazamiento e interrelación de la población como el camino del éxito contra la pandemia, asoma la consolidación de la era del control virtual. Han trascendido detenciones basadas en publicaciones en redes sociales por supuesta instigación a cometer delitos, lo que nos remite directamente a las ocurridas durante el macrismo por casos similares (supuestas amenazas al presidente). La tarea de inteligencia de las agencias represivas del Estado sobre las cuentas virtuales se consolida y, más allá de pretendidos objetivos de medir “el humor social”, la potencialidad para recabar información sensible y personal en ese espacio se ha vuelto más real que nunca. Si hasta ahora la cantidad de información producida por nuestros celulares, cuentas en redes sociales, compras online y cámaras de seguridad, entre otras, se presentaba como una avalancha de datos difícil de clasificar en su totalidad, es claro que los esfuerzos públicos y privados irán hacia consolidar el procesamiento de toda esa información desagregada por cada individuo, a la par de que se producirán nuevas y mejores formas de recabar información. Ya se habla de múltiples aplicaciones que controlarán desde el desplazamiento en las calles hasta el distanciamiento dentro de las empresas. En esto ya hacían punta las firmas chinas, y con la explosión del mercado, es probable que consoliden su primacía en lo que aparece como un nuevo nicho estratégico.
Ni liberación ni masiva
Las protestas y represiones en las cárceles son sin duda una continuidad exacerbada en este marco, con sectores que piden endurecimiento de medidas y justifican las muertes y los heridos rechazando, sonoramente y con fuerte peso desde los medios hegemónicos, el otorgamiento de las prisiones domiciliarias (salvo para genocidas) que ayudarían a limitar la crisis sanitaria en los penales atestados de pobres. En marzo de 2019 el entonces ministro Garavano declaraba la emergencia carcelaria, admitiendo una sobrepoblación del 300%. Pero claro, se debía al “buen funcionamiento de la justicia” y no a una política de control social y encarcelamiento indiscriminado de pobres.
Según datos oficiales, hasta 2018 el total de detenidos a nivel nacional era de 94.833. Según el reciente fallo de Casación bonaerense, los casos beneficiados serían 2.300, o sea menos del 3% del total. El fallo no es nada original, por dar sólo algunos ejemplos, en Francia fueron beneficiados 11.000 detenidos, en Nueva York el 20% –unos 1.500– en marzo y lo mismo hicieron otros estados de Estados Unidos; en Italia se pasó de 61.320 encarcelados a 55.036 entre fines de febrero y principios de abril.
Por su parte, la acordada de la Cámara de Casación Federal dice expresamente que el beneficio, en el contexto del COVID-19, se podía otorgar en caso de situación de riesgo sanitario (revisando caso por caso), para mujeres embarazadas o que estén en prisión con sus hijos, y simplemente ratifica situaciones ya establecidas en el Código Penal respecto a quiénes no deberían estar en prisión o se encuentran en condiciones de obtener un beneficio por el tiempo cumplido de la pena o lo estuvieran gozando: personas condenadas a menos de 3 años, con salidas transitorias otorgada, en condiciones de solicitar la libertad condicional o asistida (a 6 meses de cumplir la pena), quienes superen los dos años de prisión preventiva o con prisión preventiva por delitos no violentos. Por ende, no es liberación ni es masiva, ni debería ser novedosa.
Los jueces que firmaron el beneficio para algún genocida, violador o femicida, deberían dar cuenta de ello. Pero eso no cambia la realidad de que las cárceles están llenas de jóvenes pobres, en primer lugar por delitos contra la propiedad privada (esa por la que la burguesía pone el grito en el cielo cuando es atacada, cuando es ella quien nos ha expropiado de casi todo), y en segundo lugar, bastante lejos, por narcomenudeo. No es que faltan cárceles, lo que sobran son presos. Más de la mitad están con prisión preventiva sin condena; es una realidad que excede a la Argentina, y el número de detenidos seguirá creciendo porque es una política de Estado a nivel internacional desde hace décadas.
Como se puede ver, el sistema capitalista utiliza la pandemia y la campaña del miedo para probar nuevos mecanismos de control social y aceitar toda la institucionalidad represiva. Dependerá de la clase trabajadora y los sectores explotados sacar la conclusión de que la única seguridad que nos brinda este sistema es saber que debemos luchar a brazo partido por derrotarlo y salir de la barbarie en la que hunde al conjunto de la humanidad.
Equipo Antirrepresivo LSR19/05/20
